La educación es el pilar del desarrollo y de la identidad de las personas, de la sociedad y del país. Ella involucra a múltiples actores para la creación, generación y transmisión de valores y saberes sociales en diferentes ámbitos y niveles. Cuando sus fundamentos y ejercicio se basan en valores democráticos, la educación es crucial para la defensa y promoción de los derechos inalienables de las personas.
En 2006, a partir de movilizaciones que conmovieron al país, los estudiantes secundarios pusieron en tela de juicio la LOCE y la mercantilización de la educación, así como las inequidades sociales y políticas aún imperantes en nuestra sociedad. Los estudiantes abrieron una gran expectativa en el país, instalando un valioso estilo participativo de hacer política pública en una democracia y poniendo en el centro de su crítica una de las últimas leyes promulgadas por la dictadura militar.
El unánime clamor ciudadano generado a partir del movimiento estudiantil, en orden a reformar profundamente el actual sistema educativo y sentar de una vez por todas las bases de un sistema fundado en la democracia, el respeto por las diferencias, la equidad en el acceso y la distribución de la cultura y los aprendizajes –en una palabra: en el Derecho a la Educación- ha contrastado con la forma en que se definieron los acuerdos cuando el Gobierno, de espaldas a las grandes mayorías, convocó solamente a una reducida élite representada por la Concertación y la Alianza, que expresan a los grandes grupos de poder para reformular el Sistema Nacional de Educación.
Rechazamos el actual proyecto de Ley General de la Educación (LGE) presentado por el Ejecutivo en el Congreso Nacional por tres razones fundamentales: 1) porque excluye la amplia participación de todos los actores involucrados en la educación, 2) porque ni sus orientaciones ni sus normas recogen el amplio respaldo social del movimiento estudiantil para poner fin al lucro en la educación y 3) por cuanto deja incólumes e incluso perfecciona las condiciones antidemocráticas impuestas desde la dictadura.
Ante esta grave y preocupante situación, un amplio espectro de organizaciones, instituciones y personas destacadas hemos decidido crear la asamblea por la Defensa del Derecho a la Educación (ANDE). Se trata de una tarea patriótica y urgente, a la cual convocamos a todos y todas quienes habitan nuestro país, particularmente a los trabajadores y a aquellos actores vinculados al ejercicio de la educación. Nuestro propósito es agrupar a todas las personas que se sientan comprometidas con un proceso de resignificación democrática, pluralista y solidaria de una educación con sentido de país, planteamiento en la que la educación pública como espacio no excluyente y democrático, sea relevada por encima de una cuestionable libertad de escoger por medio de la cual el mercado ha terminado reemplazando a la sociedad civil.
Nuestra primera actividad fue solicitar a la Presidenta de la República, el pasado Martes 18 de marzo, el retiro del proyecto de ley LGE, con el objeto de recoger los aportes del debate democrático de toda nuestra sociedad. A los parlamentarios del Congreso Nacional y a todos los partidos políticos del país, les extendemos un llamado a respaldar el ejercicio de este derecho patriótico, teniendo como única limitación el interés nacional y el velar celosamente por la educación de Chile y su gente.
ASAMBLEA NACIONAL POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
