Bajo la consigna “a igual función, igual remuneración”, se desarrolló la Asamblea General de profesores del Sector Particular Subvencionado, el mes de abril de 2008, en el salón principal de la CUT. El evento, convocó a más de 400 representantes de todo el territorio nacional, quienes tomaron importantes acuerdos.
El encuentro, destacado por su franqueza y apertura en el debate, se centró en las problemáticas que enfrentan los Profesores de los colegios particulares subvencionados. Los más recurrentes, en la mayoría de las Escuelas y Liceos de este sector, dicen relación con las condiciones mínimas laborales y pedagógicas para realizar la función docente, la inexistencia de estabilidad laboral, las constantes prácticas antisindicales, las deudas de beneficios logrados en las negociaciones del Colegio de Profesores, entre otras.
Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores, denunció el grado creciente de injusticia respecto al trato laboral de los Profesores. “Los subcontratados de la educación chilena, que teniendo situaciones muy similares a lo largo de todo el país, tienen que negociar en pequeños grupos por escuela frente a los patrones organizados nacionalmente, situación que permite se perpetúe el atropello e injusticia, lo que resulta inaceptable”. Junto con lo anterior Gajardo, hizo un fuerte llamado a la organización nacional a todos los Profesores para negociar junto al Colegio de Profesores con una plataforma única.
Durante la discusión, los profesores plantearon su preocupación por los bajos sueldos que se les pagan y las condiciones en las que deben desarrollar sus funciones. Se denunció el incumplimiento en el pago de sueldos, bonificaciones y/o reajustes, no pago del bono SAE y todos aquellos beneficios obtenidos por la lucha y negociación del sector.
Ciertamente, este es el primer encuentro de este tipo. Y lo más relevante es que se ha puesto en marcha una organización que aglutine fuerzas para el futuro y termine con la discriminación en materia de contratación, estabilidad laboral, remuneraciones, entre otros temas. De allí la necesidad de establecer una normativa única que otorgue iguales garantías y derechos a quienes ejercen la profesión docente y que permita contar con un instrumento legal que impida las arbitrariedades de muchos sostenedores de establecimientos educacionales.
También, se planteó la crisis que vive el sistema educacional chileno y se denunció la arremetida del Gobierno al querer imponer una Ley General de Educación que cuenta sólo con el apoyo del Congreso. Dicho proyecto debe ser reabordado, pero con la participación de los verdaderos actores, tal como lo ha planteado la reciente conformada Asamblea Nacional por el Derecho a la Educación (ANDE).
Finalmente, y luego de arduas discusiones y propuestas, al unísono se resolvió que el Estado chileno debe asumir su responsabilidad indelegable en educación y los sostenedores no pueden mantener su sitial de “dueños de la educación”. (Extracto del documento de resolución)
El encuentro, destacado por su franqueza y apertura en el debate, se centró en las problemáticas que enfrentan los Profesores de los colegios particulares subvencionados. Los más recurrentes, en la mayoría de las Escuelas y Liceos de este sector, dicen relación con las condiciones mínimas laborales y pedagógicas para realizar la función docente, la inexistencia de estabilidad laboral, las constantes prácticas antisindicales, las deudas de beneficios logrados en las negociaciones del Colegio de Profesores, entre otras.
Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores, denunció el grado creciente de injusticia respecto al trato laboral de los Profesores. “Los subcontratados de la educación chilena, que teniendo situaciones muy similares a lo largo de todo el país, tienen que negociar en pequeños grupos por escuela frente a los patrones organizados nacionalmente, situación que permite se perpetúe el atropello e injusticia, lo que resulta inaceptable”. Junto con lo anterior Gajardo, hizo un fuerte llamado a la organización nacional a todos los Profesores para negociar junto al Colegio de Profesores con una plataforma única.
Durante la discusión, los profesores plantearon su preocupación por los bajos sueldos que se les pagan y las condiciones en las que deben desarrollar sus funciones. Se denunció el incumplimiento en el pago de sueldos, bonificaciones y/o reajustes, no pago del bono SAE y todos aquellos beneficios obtenidos por la lucha y negociación del sector.
Ciertamente, este es el primer encuentro de este tipo. Y lo más relevante es que se ha puesto en marcha una organización que aglutine fuerzas para el futuro y termine con la discriminación en materia de contratación, estabilidad laboral, remuneraciones, entre otros temas. De allí la necesidad de establecer una normativa única que otorgue iguales garantías y derechos a quienes ejercen la profesión docente y que permita contar con un instrumento legal que impida las arbitrariedades de muchos sostenedores de establecimientos educacionales.
También, se planteó la crisis que vive el sistema educacional chileno y se denunció la arremetida del Gobierno al querer imponer una Ley General de Educación que cuenta sólo con el apoyo del Congreso. Dicho proyecto debe ser reabordado, pero con la participación de los verdaderos actores, tal como lo ha planteado la reciente conformada Asamblea Nacional por el Derecho a la Educación (ANDE).
Finalmente, y luego de arduas discusiones y propuestas, al unísono se resolvió que el Estado chileno debe asumir su responsabilidad indelegable en educación y los sostenedores no pueden mantener su sitial de “dueños de la educación”. (Extracto del documento de resolución)
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