INMINENTE APROBACION DE LA LGE ALERTA AL PAÍS

El día de ayer, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el Proyecto de Ley General de Educación el que será votado en sala los próximos días.

El Proyecto de Ley establece “la igualdad de trato entre la educación de propiedad pública y la privada” con financiamiento público. Ello significa que el estado seguirá entregando recursos a los privados. La derecha y los sectores más conservadores de la sociedad han conseguido terminar con la Educación de Propiedad Pública como deber del Estado. De este modo el carácter mixto de
nuestro sistema educacional pasa a privilegiar la educación privada.

Primero la Cámara de Diputados y hoy las comisiones del Senado desconocen una de las principales causas de la actual crisis educativa, el empobrecimiento a que se arrastró a la educación de propiedad pública. Consagra su descuido y abandono y establece la preeminencia de la educación privada, al desconocer las mayores y especiales responsabilidades de la educación de propiedad pública, transformándola en una educación pobre para pobres. En adelante el Estado no podrá financiar de modo distinto, ni brindar apoyos pedagógicos especiales a la educación de su propiedad, puesto que será acusado de inconstitucionalidad.

La Ley conserva el rol subsidiario del Estado en educación, impidiendo que el Estado sea garante de que la población pueda acceder y contar con una Educación Pública, Universal, laica, gratuita, sin discriminación de ningún tipo, financiada plenamente, y referente de calidad para el conjunto del sistema como preocupación preferente del Estado. Esta Ley se transformará en un obstáculo para recuperar y fortalecer una educación de propiedad pública de calidad y generará desconfianza en los padres empujándolos a optar por el sector privado
subvencionado, a pesar de ser más caro, de lucrar con fondos públicos y de seleccionar a sus hijos, imponiéndoles arbitrarias condiciones.

Sin una educación de propiedad pública de calidad, en los marcos de un sistema mixto, reconocida constitucionalmente o en la Ley General, como deber preferente del Estado, se consagra una educación clasista y la construcción de una sociedad fragmentada social y educativamente.

Se nos ha dicho que nuestras preocupaciones serán resueltas por la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, la que, por lo demás, ya fue rechazada públicamente por los parlamentarios de la derecha. Sin embargo, aún suponiendo que llegara a aprobarse, tendrá las limitaciones que impone la LGE a través de la igualdad de trato para lo público y privado.

El Gobierno nos ha dicho que es la única forma de producir cambios, que deben cumplir su acuerdo político con la derecha. Nos preguntamos, ¿y quién cumple con los niños y jóvenes chilenos?, ¿quién cumple con la mayoría del país que en paros nacionales, consultas, congresos y encuestas exige, desde diversas condiciones sociales, educación de propiedad pública de calidad para sus hijos e hijas?

Basta de mentiras. Los que enviaron el proyecto y los que lo han votado comparten su contenido perverso y están de acuerdo con la derecha, nadie les ha impuesto nada.

El magisterio, los estudiantes, los padres y apoderados, la CUT, las organizaciones sociales, los artistas e intelectuales, sectores religiosos, políticos, entienden la educación de propiedad pública como un interés patriótico democrático. Por ello seguiremos luchando todos los días porque no se promulgue una ley que no establezca la preocupación preferente del Estado por la educación de su propiedad.

De lo contrario tendremos, también, el vergonzoso record internacional de ser el único Estado del mundo que no reconoce la especial responsabilidad por la educación que depende de él. Hemos resuelto en nuestra Asamblea Nacional Programática del mes de enero convocar a una protesta nacional el mismo día que se apruebe la LGE.

Llamamos a todos los sectores sociales, de trabajadores, estudiantiles, de empleados y servidores públicos, padres y apoderados, a estar alerta; para expresar el rechazo más categórico de la sociedad civil a esta antidemocrática ley, antidemocrática en su contenido, gestación y promulgación, y por lo tanto ilegitima.
Por: DIRECTORIO NACIONAL